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Mandan para su casa a Awilda Reyes y Arias Valera

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito anunció que recurrirán en apelación la decisión del juez que vario la m...

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito anunció que recurrirán en apelación la decisión del juez que vario la medida de coerción a la jueza suspendida Awilda Reyes Beltré y al exconsejero Francisco Arias Valera, acusados de prevaricación y soborno.
Dijo que instruyó a los fiscales actuantes en el caso, apelar la decisión dictada por el juez de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía, quien varió la prisión preventiva de los imputados por prisión domiciliaria.
Expresó que el juez Sánchez Mejía favoreció a los imputados con un arresto domiciliario, sin razón justificada alguna, ya que en todas las legislaciones está prevista para "casos especiales", básicamente humanitarios.
Domínguez Brito sostiene que existe un Código Procesal Penal que habla de igualdad ante la ley, imparcialidad e independencia, pero que lamentablemente, cada día crece el número casos para los cuales existen dos interpretaciones: una para los pobres y desenredados de la fortuna; y otra para los ricos, narcos y corruptos.
El procurador general Domínguez Brito insistió en que el sistema sigue necesitando reformas y el cese de la complicidad dentro de sistema de justicia.
De su lado, la titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, dijo que este tipo de accionar se está convirtiendo en la salida salomónica de los jueces para favorecer a los corruptos favoritos, por lo que a su juicio no se puede seguir así.
Indicó que los  precedentes de ese tipo de medida están en el caso del alcalde de La Romana, y que lo mismo siguió con el caso del  síndico de las Terrenas, y más recientemente con el fiscal adjunto Isidro Vázquez.
Se recuerda que el pasado miércoles el juez Sánchez Mejía dispuso que los imputados guarden prisión domiciliaria, sometidos bajo la vigilancia del Ministerio Público,  tras acoger una solicitud de revisión de la medida de coerción presentada por sus abogados Carlos Balcácer y Harold Echavarría.
Aduce el juez en su sentencia que no fue demostrado que los imputados pertenecieran a una red criminal, según se advierte en el escrito de acusación y solicitud de juicio preliminar presentado por el Ministerio Público cuya audiencia fue fijada para el 12 de este mes.

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