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Mandan a prisión cinco falsos militares dominicanos

El juez del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo impuso medidas de coerción contra cinco personas acusadas de integrar una e...


El juez del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo impuso medidas de coerción contra cinco personas acusadas de integrar una estructura donde se hacían pasar por militares para estafar personas con falsos ingresos a las filas militares y comercializar armas de fuego ilegales.

El magistrado Bernardo Coplin, del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo, impuso tres de meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra José del Carmen Ramírez Rodríguez, Robert Alexander Ramírez Bautista, Cristina Rosario del Orbe y David Jesús Pichardo Guzmán. En tanto que a Emilio Almonte García le impuso como medida de coerción una garantía económica de RD$100 mil, mediante contrato de fianza, y presentación periódica.

El grupo está implicado en los delitos de falsificación y uso de documentos públicos falsos, usurpación de funciones, asociación de malhechores, porte, tenencia, comercio y tráfico de armas de fuego ilegales y estafa.

El expediente

El Ministerio Público le otorgó al hecho la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 147, 148, 258, 259, 265, 266 y 405 del Código Penal, y los artículos 66, 67, 68 y 70 de la Ley 631-16 de Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de más de una decena de personas y el Estado dominicano.

Los imputados fueron arrestados tras varios meses de iniciada la investigación del caso por parte de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo, la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J2).

El documento de solicitud de medida de coerción establece que por cada arma la estructura cobraba entre RD$40 mil y RD$ 200 mil, además de que ofrecía a sus clientes ingresarlos a las Fuerzas Armadas para que las portaran de manera legal, por lo que les pedían llenar el formulario de ingreso, también falsificado, y luego eran enviados a realizarse los estudios médicos correspondientes.  

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