Puigdemont convoca a los catalanes a votar el 1 de octubre si quieren una república independiente

Carles Puigdemont ha puesto esta mañana fecha y pregunta al referéndum unilateral de independencia. El presidente de la Generalitat ha anunciado, de nuevo sin explicar cómo piensa esquivar el veto del Gobierno español, que los catalanes responderán el domingo 1 de octubre a la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

Un enunciado más directo que la pregunta doble que se planteó en la consulta del 9 de noviembre. En las próximas horas, el Gobierno decidirá qué respuesta da al desafío promovido desde la Generalitat.

El anuncio del referéndum se hizo con gran solemnidad formal, pero los oradores, Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, echaron mano en sus discursos de argumentos más propios de un mitin. Sobre todo Junqueras: el líder de ERC ha llegado a justificar el referéndum en el abandono con el que según él afronta el Gobierno las obras del Corredor Mediterráneo o en el fracaso del Proyecto Castor.

“El Estado se ha negado hasta 18 veces a que los catalanes decidan su futuro, violentando los derechos democráticos elementales. Estamos ante un Gobierno que tiene ministros que conspiran para acabar con la Sanidad catalana, que fabrica pruebas contra políticos catalanes. Y ante un Estado ineficiente e injusto, que tendrá una deuda de al menos 15.000 millones anuales en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social”, ha dicho también Junqueras.

Puigdemont ha estado más institucional, pero no ha evitado situar el origen del descontento independentista en otra decisión del Tribunal Constitucional: el “recorte” del Estatut, del que se cumplirán siete años en los próximos días. “Entonces hubo diálogo y pacto con el Estado. Y, con amplísimas mayorías, se celebó un referéndum acordado, que no sirvió para encontrar soluciones. Un órgano politizado [el TC] fue suficiente para acabar con todo”, ha dicho.

Como Junqueras, Puigdemont también se ha quejado de que la vía del referéndum pactado no ha sido posible por culpa del Estado: “No hay propuesta del Gobierno español ni se la espera”. Y ha afirmado que la falta de voluntad política de Mariano Rajoy es lo que impide una consulta oficial en Cataluña. “No es cuestión de marcos legales. El problema real es el ‘no quiero’ [de Rajoy], y con un ‘no quiero’ es mejor no ir al altar”, ha afirmado.

En la parte más ceremoniosa de su discurso, y después de recordar la vuelta de Josep Tarradellas a España hace 40 años, el presidente de la Generalitat ha convocado a los catalanes al referéndum “en ejercicio del legítimo derecho de autodeterminación de una nación milenaria”. Tras anunciar la fecha y la pregunta, se ha comprometido a “respetar” el resultado y a “aplicarlo”.

“El Govern se conjura para ofrecer todas las garantías, y llama a todos los ciudadanos a ejercer un derecho inalienable, el derecho a decidir el futuro de su país”, ha dicho, antes de cerrar con un “Visca Catalunya”.

Puigdemont anunció la fecha y la pregunta del referéndum con toda poma. Reunió a su Govern en sesión extraordinaria, y se hizo arropar de todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP. La vía unilateral tiene el apoyo de 72 diputados -aunque en la foto de hoy en Palau faltaban tres antisistemas: Anna Gabriel, Albert Botran y Mireia Vehí-, el 53,3% del Parlament, aunque en las últimas elecciones los partidos independentistas sólo lograron el 47,8% de los votos.

El presidente de la Generalitat no ha conseguido de momento su principal objetivo de los últimos meses: seducir al espacio, que representan Ada Colau y su entorno, que quiere una consulta pero no está de acuerdo con el plan del Govern.

Los ‘comunes’ han puesto tres condiciones para apoyar un referéndum que, previsiblemente, no cumplirá la votación que plantea Puigdemont. Primero: que apele a una “gran mayoría” de los catalanes (es decir, no sólo a los independentistas). Segundo, que se celebre con garantías para que su resultado sea efectivo. Y tercero, que se haga con el aval de la comunidad internacional, una premisa que la última carta de la Comisión de Venecia a Puigdemont ya deja claro que no se satisfará.