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Los desatinos de la ley de partidos/ Tirso Mejía-Ricart

Por Tirso Mejía Ricart La Ley de Partidos y la Ley Electoral son fundamentales para la democracia y la paz social de la nación. Los pol...

Por Tirso Mejía Ricart

La Ley de Partidos y la Ley Electoral son fundamentales para la democracia y la paz social de la nación. Los políticos tradicionales deben discutir racionalmente los pros y los contras de las normas que organicen al país político. He aquí algunos comentarios.
1) El voto obligatorio no es inconstitucional, porque figura como un deber. Pero lo importante es que se contabilice el voto en blanco, que permitiría el rechazo de las candidaturas impuestas por las cúpulas partidarias, salvo las reservas de ley. Eso no representa un peligro de deslegitimación institucional, porque no todos lo harían.
2) Las elecciones primarias simultáneas sirven para garantizar la democracia interna en los partidos mayoritarios y evitar que se trate de influir en los adversarios con listas y candidaturas manipuladas. Estas podrían realizarse conjuntamente con el padrón de la Junta Central Electoral, con parte de éste o con los que establezca cada partido, sin alterar su validez, reduciendo sus gastos.
3) En las elecciones primarias el voto preferencial es el que debe fijar el lugar de cada candidato en las boletas, que serían cerradas y bloqueadas en las generales. Esto impediría el “canibalismo” que se produce actualmente, porque los candidatos compiten más con sus compañeros que contra sus adversarios. De lo contrario las primarias serían una pérdida miserable de tiempo y dinero en países como el nuestro con circunscripciones plurinominales. El cómputo preferencial de cerca de 5 mil cargos con hasta 20 mil candidaturas sería inmanejable.
4) Si se subdividen las boletas congresual y municipal, se permitiría el voto separado de los senadores y diputados; de los alcaldes y regidores o de los directores y sus vocales, como lo establece la Constitución de la República.
5) La cuota de género no puede ser global, sino por provincias y municipios, porque puede resultar que al final la JCE tome una decisión “salomónica” en contra de las mujeres, como ya pasó antes. Lo que sí garantizaría esa cuota es estableciendo que cuando el candidato a Senador no sea sexo femenino, uno de los primeros dos candidatos a diputados sean de ese género; y de ahí en adelante por lo menos una de cada tres.
6) Debería establecerse que haya un 20% de candidatos de hasta 35 años, en el entendido que éstos pueden ser de uno u otro sexo y que las cuotas mínimas de género y juvenil no sea superior al 50% del total de candidaturas, a partir de los resultados de las primarias.
7) Para reducir el transfuguismo y la manipulación, en los casos de vacantes por renuncia o muerte de los elegidos, estos debieran sustituirse por los que les siguen en la lista de candidatos que presentó su partido en la elección. También que los representantes electos que quieran apoyar para dirigir a sus organismos colegiados a un candidato diferente al de su partido, se considerarían renunciantes.
8) Si no hay una fiscalía independiente aprobada por consenso, que persiga los fraudes, los abusos de poder y la compra de cédulas o votos, las elecciones serían fácil presa del despotismo y el descrédito.
9) Los partidos deben ser escuelas de democracia y no de “tiguerismo político”. En años no electorales deben haber recursos especializados para la formación política y administrativa.

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